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El pueblo de Chile inició una actividad política intensiva el 18 de octubre del 2019, con un paréntesis relativo gracias al Covid-19, que pronto llegará a su fin. La potencia de esta protesta política fue de tal magnitud que genero el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, aprobado por el Congreso Nacional en maratónica cesión el 15-11-2019. Es sabido que la mayoría de los miembros del Parlamento nunca tuvieron la intensión de legislar para implementar una nueva constitución. Hubo un parlamentario que llego a decir: “Quien piense en una Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución, está fumando opio”. Queda claro entonces, que el pueblo de Chile en lucha y en la calle, es quien ha impuesto este itinerario para legislar por una nueva constitución.
Como elemento básico y punto de partida, proponemos considerar que: “En la Nueva Constitución las FF.AA. en el Ministerio de Defensa, las de Orden y Seguridad Pública desde el Ministerio del Interior, serán instituciones esencialmente obedientes al poder constitucional, no deliberantes, disciplinadas y partícipes del desarrollo del país a nivel nacional y regional. Tendrán el monopolio instrumental de la fuerza coactiva y como fines la defensa nacional, la seguridad y el orden público, según sea el caso, con pleno respeto de los DD.HH., del medio ambiente y de los recursos nacionales estratégicos”. Proponemos básicamente también: “El Pueblo Chileno merece que la Constitución Política reconozca y garantice sus derechos”.
En la historia de Chile hemos visto como las FF.AA. chilenas se han mantenido como estanco aparte de la sociedad e internamente también, compartimentadas, entre los oficiales por arriba y los suboficiales y reclutas por abajo.
En el Golpe de Estado cívico-militar del 73, sin duda que salieron a defender los intereses del gran capital, especialmente los intereses de EE.UU., con quienes tenían y tiene una relación, por decir lo menos, muy íntima y que no queremos que siga igual.
Hoy es conocido que antes de salir a dar el golpe, primero reprimieron internamente desplazando de posiciones de poder a los generales, oficiales y clases no golpistas. Después, con acusaciones absurdas, tipo “Plan Z”, los condenaron, junto a los civiles, a la cárcel o al exilio. También es conocido que asesinaron a muchos de sus propios compañeros, entre ellos al ex Comandante en Jefe Carlos Prats.
Consumado el golpe, los militares coparon todos los niveles de la sociedad chilena durante los 17 años de dictadura. Fueron poder ejecutivo y legislativo de facto, definieron casi todas las políticas a seguir, dirigieron casi todos los ministerios y no había empresa sin un alto oficial en su directorio, ni universidad sin un rector uniformado. Como todos sabemos, sacarlos del poder costó mucho y una vez desaparecido el dictador, de la escena nacional, las FF.AA. se replegaron “a lo suyo”.
Hoy en día, y dejando fuera a los militares acusados por atropello a los DD.HH., sólo los vemos aparecer en las catástrofes naturales, en uno que otro escándalo tipo “milicogate” o por las estafas que les hacen los desconocidos de siempre, léase AC Inversions, por ejemplo.
Sin embargo, es hora ya que la sociedad y los partidos políticos que la componen, comiencen un debate en dirección a dotar de una nueva “política militar” a las FF.AA. Es importante que se piense lo militar, en el sentido que se debe contar con una “política hacia las FF.AA.” que responda bajo qué parámetros, organización, misión y valores queremos en que estas funcionen en nuestro país.
Es probable que existan propuestas de los partidos políticos, pero en ningún caso son conocidas o al parecer son muy lejanas o dejadas sólo a los especialistas. Consideramos que Chile debe tener una “política militar” democrática y para elaborarla es esencial la participación de toda la sociedad, incluido todos los partidos y las organizaciones sociales. En ningún caso, se debería tomar en cuenta sólo la opinión de los especialistas o de los militares mismos. Vemos esto como punto fundamental el piso mínimo para convertir y sentir que las FF.AA. son de todo el pueblo chileno a partir de una nueva constitución.
¿Qué pensamos como básico de una Política Militar?
I – Educación Gratuita y de Calidad para todas las FF.AA.
En primer lugar, apoyamos que Chile debe tener “educación gratuita y de calidad” y esto debe abarcar también a los que quieren estudiar en institutos militares.
Creemos indispensable, para la democratización de las FF.AA., el fin de escuelas que formen a oficiales y otras a sub-oficiales. Toda ciudadana o ciudadano chileno que tenga la vocación, la disposición y las calificaciones tiene derecho a postular y estudiar la ciencia militar y en igualdad de condiciones para hacer la carrera militar, pudiendo todos llegar a los más altos cargos sin discriminación de ninguna especie.
Por eso es fundamental que nuestra futura Constitución deba consagrar la educación como un derecho y no como un bien de consumo por lo cual deben estar incluidos los militares, carabineros y policías de este derecho.
II – No a las Bases Militares Extranjera en Nuestro Territorio Nacional
Como segundo punto, se debe rechazar constitucionalmente la instalación de cualquier base militar extranjera en territorio nacional.
No es posible, cómo ha sucedido en el Fuerte Aguayo, que en nuestro propio territorio se instale una base militar extranjera, financiada por el Comando Sur, e inaugurada por el embajador de EE.UU. en Chile y nuestro Ministro de Defensa de ese entonces don Andrés Allamand.
Esta base militar simula una pequeña ciudad donde se enseña a los soldados y policías a tomar control de la población llamado esto “control urbano”. En otras palabras, no es más que entrenamiento para reprimir al “enemigo interno” tal como enseña la Doctrina de la Seguridad Nacional diseñada por el Pentágono de los EE.UU.
Se ha mentido descaradamente sobre este tema diciendo que este entrenamiento es para “operaciones de paz” y negando la presencia de marines estadounidenses en la citada base militar pese a que el diario la Estrella de Valparaíso denunció que un militar de EE.UU. agredió a un niño de la zona.
Al prohibir la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional no estaríamos innovando sino mas bien garantizando y resguardando nuestra soberanía.
III – No al envío de Soldados a la Escuela de las Américas
En tercer lugar, proponemos incorporar constitucionalmente la prohibición de entrenar a las FF.AA. y de orden en países que no respeten los DD.HH. y/o hayan tenido un comportamiento injerencista en la historia de Chile o de otros países violando con esto el respeto a la soberanía y la autodeterminación de que gozan todas las naciones. Especialmente, pedimos que se prohíba que soldados o policías chilenos sigan recibiendo entrenamiento en la Escuela de las Américas, que actualmente funciona en Fort Benning en los EE.UU.
Debemos decir, que Chile es el segundo país, después de Colombia, que más soldados envían a esta escuela militar de triste historia. No estamos de acuerdo con este entrenamiento y tenemos sobrados motivos. No sólo porque Chile no es un país en guerra, sino porque los oficiales que reprimieron salvajemente a nuestro pueblo, durante la dictadura, la gran mayoría había pasado por la Escuela de las Américas. También pasaron la mayoría de los golpistas y dictadores latinoamericanos de los 60 y 70, desde Galtieri a Noriega, desde Manuel Contreras formador y jefe de la DINA, a Roberto d’Aubuisson creador de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador. Todas organizaciones de muy triste recuerdo.
Esta escuela originalmente fue cerrada por el gobierno de EEUU y reabierta, al mes siguiente, con el nombre de WHINSEC. Es importante recordar que Amnistía Internacional (AI) señaló que “Aunque el Ejército estadounidense afirma haber cerrado la Escuela de las Américas (SOA) y haber establecido la Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) como una institución totalmente nueva esta por casualidad está ubicada en el mismo espacio físico, WHINSEC es esencialmente la misma escuela que SOA, con la misma misión principal la de transmitir técnicas militares contrainsurgentes a miembros de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas”.
Finalmente, también las autoridades han señalado, entre otros argumentos, que se está capacitando a nuestros militares para su participación en “catástrofes naturales” y en la “lucha contra el narcotráfico”. Estos argumentos atentan contra la lógica más básica y las mismas leyes nacionales. No es papel de las FF.AA. ni la lucha contra el narcotráfico ni deben jugar un rol principal en catástrofes naturales. Para esto, existen otros organismos pertinentes como mandata la ley chilena.
El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile esta integrado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Comisión Ética Contra la Tortura, Comité Oscar Romero, Comunidad Ecuménica Martín Luther King, Corporación 3 y 4 Álamos y trabaja en alianza con SOA Watch EEUU.
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