Por Rafael Calcines Armas
Santiago de Chile, 9 ene (Prensa Latina) Tocando a la puerta el cierre de las inscripciones de candidaturas para la Convención que redactará la nueva Constitución para Chile, el país vivió la primera semana de 2021 en medio del ajetreo político.
El objetivo de oficialismo y oposición es conseguir la mayor cantidad de los 155 escaños del mecanismo constituyentes, que serán elegidos el 11 de abril próximo, pero cuyas candidaturas deberán ser presentadas el próximo lunes 11 como fecha tope.
Dejando a un lado ciertas reticencias, la coalición oficialista se lanzó a un acuerdo con el Partido Republicano, de extrema derecha, con el criterio de que ‘todo lo que podamos hacer en materia de unidad, es necesario hacerlo’ expresado por varios de sus personeros.
La Unión Demócrata Independiente (UDI) fue la primera en abrir las puertas a la ultraderecha, y finalmente Renovación Nacional y Evópoli también le dieron el sí, buscando ganar al menos dos tercios de la Convención, suficientes para imponer sus criterios.
Esos escarceos llegaron hasta el palacio de La Moneda, y el miércoles el presidente Sebastián Piñera efectuó un cambio de gabinete para relevar a Cristian Monckeberg de la Secretaría General de la Presidencia, y Antonio Walker, en la cartera de Agricultura, que dejaron sus puestos para presentarse como candidatos a la Convención Constitucional.
En la oposición, a pesar de los reiterados llamados de personalidades y formaciones del mundo social, que alertan sobre el riesgo de la dispersión, todo indica que salvo un acuerdo de última hora habrá cuando menos dos listas para la Convención Constitucional.
De un lado aparece el bloque centrista Unidad Constituyente, con los partidos Radical, Por la Democracia, Socialista, Progresista, Democracia Cristiana y Ciudadanos, y del otro, el formado por los partidos Comunista, Frente Regionalista Verde Social, Comunes, varias fuerzas del Frente Amplio y otros movimientos de izquierda y organizaciones sociales.
Analistas advierten que será muy difícil con esa división llegar a los 104 constituyentes necesarios para echar abajo los intentos de la derecha por neutralizar el contenido del nuevo texto constitucional.
También durante esta semana se conoció el veredicto que declaró culpables a siete ex miembros de Carabineros de Chile del homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre de 2018 y que conmovió al país.
El juicio, demorado durante meses por la pandemia y dilaciones de la defensa, quedó finalmente el jueves listo para sentencia, el mismo día en que un controvertido procedimiento policial contra el tráfico de drogas volvió a poner en primer plano la situación de violencia en la región de La Araucanía.
Las autoridades se apresuraron a señalar que fue solo coincidencia que ambos acontecimientos –veredicto y operación policial-, ocurrieran el mismo día, pero de todas formas el tema mapuche volvió a la palestra. Pero medios de prensa y círculos políticos tampoco pasaron por alto el nuevo fracaso de las autoridades en su publicitada lucha contra la delincuencia en una operación preparada con siete meses de antelación y el despliegue de 800 agentes policiales.
Todo para terminar solo con la incautación de unos 700 kilogramos de mariguana y siete millones de pesos (cerca de 10 mil dólares), un detenido, y ocho agentes heridos de bala, de los cuales uno falleció por impactos de armas de alto calibre, según reportes de prensa.
mem/rc
