FUENTE: CIPER
TAMBIÉN SE LE ACUSA DE ENTREGAR FALSO TESTIMONIO ANTE AUTORIDADES MEDIOAMBIENTALES PARA OPERAR SU FUNDICIÓN.
El empresario es propietario de una planta de recuperación de plomo en Marchigüe (O’Higgins) en la que trabajaron personas que presentan en su sangre niveles de ese material que superan largamente el límite de tolerancia biológica. Tras comprobar que al menos dos ex operarios presentan altísimos niveles de contaminación por plomo, la Fiscalía decidió formalizar a Izquierdo Menéndez, al que también acusa de entregar falso testimonio y manejar residuos peligrosos sin contar con autorización.
El empresario Gonzalo Izquierdo Menéndez, propietario de la Planta de Recuperación de Plomo Los Alcones (Marchigüe, Región de O’Higgins), será formalizado el próximo 15 de febrero como autor de lesiones graves, falso testimonio y por manejar residuos peligrosos sin contar con la autorización necesaria. Esto, luego de que se comprobara que al menos dos ex trabajadores de esta instalación presentan altísimos niveles de contaminación por plomo en su sangre, pese a que el empresario ha negado sistemáticamente que el proyecto presente riesgos para la salud (ver citación aquí).
La formalización de Izquierdo Menéndez es fruto de una serie de denuncias que ha recibido la Fiscalía de Rancagua en contra de la sociedad Andacollo de Inversiones Limitada, firma creada por el empresario y su esposa en 1993, a través de la cual explota la planta de la fundición Los Alcones.
La instalación, que fue construida entre 1995 y 1996, cuenta con un bullado historial de cuestionamientos medioambientales. Distintas entidades reguladoras la han objetado por su impacto en la zona y el daño que podría producir entre sus trabajadores. El hito más reciente ocurrió en abril de 2019, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de la planta, luego de una fiscalización en terreno que concluyó que “el recinto opera como fundición de baterías de plomo en desuso” sin contar con el permiso necesario.
Pocos meses antes, en febrero de 2019, la Seremi de Salud de O’Higgins había prohibido el funcionamiento de tres hornos de fundición de plomo instalados en la planta, luego de que seis obreros que manipulaban el material presentaran índices de plomo en la sangre que superaban los estándares permitidos. De hecho, el próximo 15 de febrero también será formalizado Cristhian Romero Garrido, un comerciante de la zona que habría entregado en arriendo uno de estos hornos a la planta, según información recabada por CIPER.
Gonzalo Izquierdo Menéndez es uno de los 13 hijos del matrimonio entre Roberto Izquierdo Philips y Grace Menéndez. Se trata de una de las ramas familiares que descienden del llamado “rey de la Patagonia”, José Menéndez (vea un recuadro con antecedentes históricos y de negocios de la familia). Los Izquierdo Menéndez se han dedicado principalmente a la pesca industrial a través de las empresas Alimar y Sopesa, dos compañías que convierten a la familia en una de las más poderosas del rubro (ver reportaje de CIPER).
CIPER se contactó dos veces con la oficina de Gonzalo Izquierdo Menéndez, donde se nos informó que el empresario devolvería la llamada. Aquello no ocurrió hasta el cierre de este artículo.
PLOMO EN LA SANGRE
Los casos que el Ministerio Público tuvo a la vista para formalizar a Gonzalo Izquierdo Menéndez por lesiones graves son los de J.M.B y O.S.A, dos obreros que trabajaron en la planta Los Alcones apenas tres y dos meses, respectivamente. El primero ingresó en octubre de 2018 y el segundo al mes siguiente. Ambos fueron despedidos en enero de 2019 (CIPER resguarda la identidad de los afectados en función de la protección de sus datos personales y diagnóstico médico).
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella que presentaron los dos trabajadores, fueron contratados como cargadores de hornos de fundición de baterías de plomo, labor que cumplieron con pala y que los expuso directamente al elemento químico.
El nivel de plomo en el cuerpo de una persona se puede medir en microgramos del material por cada 100 de sangre (mcg/mL), o por cada decilitro de sangre (mcg/dL). Aunque resulta nocivo en cualquier rango, se estima que el límite de la tolerancia biológica respecto del plomo alcanza los 20 mcg/100mL, o bien, los 10 mcg/dL.
En noviembre de 2018, a solo un mes de haber comenzado a trabajar en la planta, J.M.B se tomó un examen en el Instituto de Salud del Trabajo (IST) y anotó 82,8 mcg/100mL. Dos meses después lo despidieron. En el caso de O.S.A, se hizo un examen en el laboratorio Barnafi Krase en julio de 2019, seis meses después de haber sido finiquitado, que marcó una intoxicación de 21,3 mcg/dL.
En un informe incluido en una causa laboral en contra de Los Alcones, firmado por la especialista en medicina legal y docente titular de la Universidad de Chile, Carmen Cerda, se consigna que la cantidad de plomo en la sangre de J.M.B (82,8 mcg/100mL) “se considera tóxico, y causante de trastornos en la salud a nivel sanguíneo, reproductivo, del sistema nervioso central y periférico, de la presión arterial, entre otros”.
El plomo forma parte de una lista de diez productos químicos causantes de “graves problemas a la salud pública” elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según apuntes de la institución, este material puede acumularse en el organismo afectando diversos sistemas del cuerpo humano. En casos de exposición e intoxicación graves, el plomo se puede distribuir “hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, y se deposita en los dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo”.
Además de los casos mencionados, CIPER revisó los exámenes médicos de otras 11 personas que trabajan o trabajaron en la planta Los Alcones y que presentan diversos niveles de intoxicación por plomo en la sangre. Estas muestras fueron tomadas entre noviembre de 2018 y marzo de 2019 en el ISP. Los resultados más elevados alcanzan los 251,2 mcg/100mL, 206,7 mcg/100mL y 170,6 mcg/100mL.
FALSO TESTIMONIO Y RESIDUOS PELIGROSOS
Además de lesiones graves por intoxicación por plomo, el Ministerio Público apunta a que Gonzalo Izquierdo Menéndez mintió en sus declaraciones ante autoridades medioambientales al señalar que el funcionamiento de la planta Los Alcones no representaba un riesgo para la salud de sus trabajadores ni de la población, y también cuando ingresó consultas de pertinencia al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con información falsa.
Respecto a este punto, cabe mencionar que en diciembre de 2013 y julio de 2014, Izquierdo Menéndez presentó ante el SEA de la Región de O’Higgins dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) sobre la planta de fundición Los Alcones. Ambos documentos tienen el mismo contenido -puesto que el primero fue rechazo por aspectos formales- y sostienen, entre otras cosas, lo siguiente:
“La planta tiene proyectado procesar la cantidad de 14.706 baterías/mes, con lo cual se espera recuperar 154 ton/mes de plomo. Con esto se pretende aportar a la correcta disposición y/o reutilización de estos residuos peligrosos que, actualmente, no están siendo manejados de manera correcta por no existir instalaciones con la capacidad suficientes”.
En los documentos se agrega que se utilizará solo un horno de fundición de plomo y, como conclusión, que “el proyecto no genera riesgo para la salud de la población”. Estas afirmaciones fueron descartadas, en primer lugar, por una fiscalización de la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins que detectó tres hornos operando en febrero de 2019, y luego por la evidencia que demostró el daño producido a los trabajadores que se desempeñaron en la planta.
No obstante lo sostenido en 2013 y 2014, el propio Izquierdo Menéndez ingresó en noviembre de 2015 una Consulta de Pertinencia -trámite voluntario que antecede el sometimiento de un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental-, en la que aseguró que la planta producía 1.860 toneladas de plomo al mes, y no 154 como expuso anteriormente.
Este importante cambio de versiones fue objetado en el informe que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) emitió en 2019, cuando formuló cargos en contra de Andacollo de Inversiones Limitada por infracciones ambientales. La reguladora también cuestionó que en los documentos anteriores el dueño de la empresa presentó la planta como un proyecto en construcción, y no como una instalación que operaba desde hace 20 años.
En el considerando número 10 de su informe, la SMA anotó que la última descripción ingresada de Los Alcones “discrepa con todo lo informado en sus consultas de pertinencia anteriores, así como en las DIAs presentadas, ya que la empresa siempre había informado que la planta no se encontraba construida” (vea ese informe aquí).
Como resultado de la fiscalización que gatilló este informe de la SMA, la autoridad también acusó a la empresa de Izquierdo Menéndez de trabajar con residuos peligrosos sin el permiso exigido por ley. Con todos estos antecedentes, la Superintendencia estimó que Andacollo de Inversiones Limitada incurrió en la siguiente infracción:
“Producción, reutilización, almacenamiento, tratamiento, y eliminación final de las sustancias tóxicas y/o residuos peligrosos provenientes de las baterías de plomo en desuso, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental que lo habilite a ello y generando efectos adversos a la salud de la población y a uno o más componentes ambientales”.
LOS LÍOS DE LOS IZQUIERDO MENÉNDEZ CON LA LEY
Los Izquierdo Menéndez son una de las tres ramas que descienden de José Menéndez Menéndez, conocido como el “rey de la Patagonia”, un empresario asturiano que se instaló en el extremo sur de Chile a fines del siglo XIX. Aunque formalmente se dedicó a negocios relacionados con el ganado ovino, su nombre se asocia más a la exterminación de indígenas selk’nam, pues lideró y financió campañas destinadas a “cazar” a miembros de esta etnia precisamente para introducir en los territorios patagónicos la crianza de ovejas a gran escala.
Las actividades económicas de la rama Izquierdo Menéndez, si bien se centran en la pesca industrial, también se extienden hacia diversos sectores, como el papelero y el de telecomunicaciones. En el primero es propietaria de Forestal y Papeles Concepción (FPC), propietaria de la marca de papel higiénico Swan. En el segundo, es uno de los grupos económicos que conforman Almendral S.A., fondo de inversión que controla a Entel.
Encumbrados en puestos de connotación pública, algunos miembros de esta familia ya han enfrentado líos con la ley. Roberto Izquierdo Menéndez, hermano de Gonzalo, consejero de Mérito de la Sofofa, de la Corporación de la Madera y vicepresidente del Diario Financiero, compareció ante la justicia por su rol en la Masacre de Laja, crimen ocurrido en septiembre de 1973 en el que fueron asesinados 19 trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Roberto Izquierdo Menéndez era gerente de esta empresa -propiedad del grupo Matte- cuando se perpetró la matanza en un terreno de la firma, y los familiares de las víctimas han sostenido que estaba al tanto de los asesinatos. Al igual que el resto de los ejecutivos de la compañía, zafó de la condena que dictó el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, hace poco más de un año (vea reportaje de CIPER).
El propio Roberto Izquierdo Menéndez fue investigado por pagos ilegales a políticos a través de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), gremio del que fue presidente y que pauteó a distintos parlamentarios mientras se discutían leyes relacionadas con la pesca (ver reportaje de CIPER).
Otros dos hermanos de Gonzalo Izquierdo Menéndez, Diego y Julio -quien falleció en 1979 Perú-, fueron investigados por su participación en el asesinato del general René Schneider, acaecido en octubre de 1970. Tampoco hubo condena para ellos.
