FUENTE: TELESUR
Daniel Silveira es miembro del Partido Social Liberal (PSL), antigua filiación del presidente Jair Bolsonaro.
El Congreso de Brasil votó por mayoría mantener en prisión al congresista Daniel Silveira, aliado del presidente Jair Bolsonaro en la Cámara de Diputados, tras su detención el pasado miércoles por difundir un video en el que hacía apología del Acto Institucional 5 (AI-5), uno de los decretos que institucionaliza la tortura durante la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985.
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Según la Constitución brasileña, la detención de un congresista debe ser sometida al pleno de la Cámara de los Diputados. Los diputados y senadores son inviolables, civil y penalmente, por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos, y solo pueden ser detenidos in fraganti por un delito no susceptible de fianza.
En la sesión del viernes por la noche hubo 364 votos a favor de que Silveira siga preso, 130 en contra y tres abstenciones.
En el proceso de deliberación, Silveira pidió perdón por videoconferencia de la asamblea y pidió que no se “relativice” la inmunidad parlamentaria, ya que su decisión podría “asentar precedentes catastróficos”, señaló a medios locales.
Tras la votación, el titular de la Cámara Baja, Arthur Lira, expresó que la audiencia para el sufragio resultó un sacrificio para todos los congresistas y no dejó un clima de felicidad ni de tranquilidad.
Por su parte, la diputada Magdalena Moffato defendió el mantenimiento en prisión de Silveira con el argumento de que este usó su cargo “como una plataforma para la difusión del discurso de odio, ataques a minorías, defensa de golpes de Estado e incitación a la violencia contra las autoridades”.
Silveira, miembro del Partido Social Liberal (PSL), fue detenido por un video en el que acusó a seis jueces del Supremo Tribunal de Justicia, institución de la que pedía el cierre, considerada una demanda completamente inconstitucional en Brasil.
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó su detención el 16 de febrero alegando que “las manifestaciones del parlamentario, por redes sociales, se revelan gravísimas, pues no solo atacan la honorabilidad y constituyen amenaza ilegal a la seguridad de los magistrados del Supremo Tribunal Federal, sino que también se revisten de clara intención de impedir el ejercicio de la judicatura”.
