Por Félix Madariaga.
Mucho más allá de lo legal
No son tantos los casos conocidos públicamente – pero son suficientes para preocuparnos – en que estas empresas y sus contratistas civiles, han estado envueltos en escándalos y excesos, con altos costos de vidas en las más diversas latitudes del planeta, violando el derecho internacional humanitario.
El 16 de septiembre de 2007, personal de la empresa estadounidense Blackwater Worldwide (actualmente Academi) utilizó armas de fuego mientras escoltaba un convoy en Bagdad, lo que terminó con la muerte de 17 civiles y 24 heridos iraquíes. Las investigaciones concluyeron que abrieron fuego injustificadamente contra civiles desarmados, sin embargo, a pesar de que 5 contratistas fueron procesados, en 2009 todo quedó en nada.
En noviembre de 2024, un jurado federal ordenó a la empresa CACI Premier Technology a pagar 42 millones de dólares por daños y perjuicios a tres hombres iraquíes que fueron torturados en la cárcel de Abu Ghraib. Sentencia que llegó después de 16 años.
En su informe de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, se señalaba que “Para el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, resulta evidente que el reclutamiento, el adiestramiento, la financiación y la utilización de mercenarios y agentes afines sigue siendo un problema sistémico creciente que atraviesa regiones, países concretos y múltiples conflictos armados. El Grupo de Trabajo ha advertido en repetidas ocasiones que la utilización de mercenarios y agentes afines prolonga los conflictos armados, socava los procesos de paz, desestabiliza las regiones y, lo que es más preocupante, acarrea y agrava la comisión de violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población civil. El grado de utilización de esos agentes y las atrocidades que cometen en todo el mundo han llegado a cotas nunca antes vistas”.
En ese marco no parece imposible que miembros de estas organizaciones puedan estar interviniendo en cualquier lugar del mundo para su propio beneficio o de un tercero sin ningún tipo de control. ¿Quién podría asegurar que no han intervenido en operaciones de gran envergadura, que podrían incluso desestabilizar un gobierno, como el secuestro de Ronald Ojeda en nuestro País?
Grandes problemas, pequeñas soluciones
La problemática ligada a este mercado de guerra alternativo tiene muchas facetas, sólo señalamos dos: la falta de mecanismos de control y regulación de sus actividades; la segunda, el capital humano ocupado ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿Quién se hace cargo de ellos y sus acciones durante y finalizados sus contratos?
El Documento de Montreux (finalizado en 2008, apoyado actualmente por 59 Estados y 3 Organizaciones Internacionales), busca proporcionar un plan para que los gobiernos regulen efectivamente las EMSP, destaca las responsabilidades de los Estados y reafirma las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional y en particular, el derecho internacional humanitario (DIH) aunque no es un tratado legalmente vinculante.
Aunque han surgido a lo largo de los años varias iniciativas que intentan regular este mercado, todas con muy buenas intenciones, en la práctica tienen poca eficiencia. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, creado por la ONU en 2005, tiene jurisdicción para monitorear las actividades de las EMSP para asegurarse de que respeten los derechos humanos, pero no tiene autoridad para imponer a los Estados sus recomendaciones.
En 2012, el Departamento de Seguridad y Vigilancia de la ONU emitió el Sistema de Gestión de Seguridad para acompañar a las directrices sobre el uso de los servicios de seguridad; en 2017 el Parlamento Europeo aprobó un informe que insta a regular las EMSP y recomienda únicamente la contratación de EMSP establecidas en la UE para evitar paraísos contractuales.
La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en una suerte de imán para los combatientes extranjeros de numerosos países. En el caso de Ucrania, algunos de los mercenarios provienen incluso de varios países latinoamericanos como Argentina, México, Ecuador y mayoritariamente Colombia. De hecho, el Presidente Volodymyr Zelensky, dijo a principios del año pasado que unas 20.000 personas de 52 países del mundo llegarían a ayudar.
A mediados del 2022, después de que Kiev formara su Legión Internacional de Defensa, ya se habían unido 20.000 “voluntarios”, según el gobierno ucraniano, número que se ha reducido a un estimado de 2.000 a 3.000 personas, lo que a juicio de los expertos es un número muy menor para hacer una diferencia en la guerra. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones que en el territorio ucraniano se registran contratistas de más de 80 países, esto pese a que las leyes de una gran cantidad de Estados prohíbe la actividad mercenaria.
¿Qué sucederá con esos combatientes cuando termine la guerra o sus contratos? La respuesta no es fácil, muchos de ellos ofrecen sus servicios por las expectativas de buenos sueldos y otros beneficios, sin embargo, la realidad choca con las expectativas. En el caso de Ucrania, después de viajar miles de kilómetros, muchos han quedado varados a la espera de ser reclutados y combatir en el frente; algunos se encuentran desaparecidos y muchos ven desvanecerse los sueños de poder radicarse en Europa finalizado el conflicto.
Los ex militares de Pinochet
¿Y cuál es la realidad chilena? Para hacernos una idea, veamos sólo 1 caso. En octubre de 2003, el diario La Tercera publicaba un aviso de la empresa con sede en Washington DC, Red Táctica, en el que se buscaban ex oficiales “preferentemente de fuerzas especiales, con salud compatible y con dominio del inglés”. La empresa explicó más tarde que la búsqueda era para tareas de consultoría portuaria. Sin embargo, el presidente de Blackwater, Gary Jackson, decía otra cosa en diario británico The Guardian: “Vamos hasta el fin del mundo en busca de profesionales y los comandos chilenos son muy profesionales y se ajustan al sistema de Blackwater”. El sistema de Blackwater es simple: contratan soldados retirados en el tercer mundo, los entrenan muchas veces en sus mismos países – a veces incluso con ayuda de las fuerzas armadas locales– y los colocan como agentes de seguridad privada en lugares de alto riesgo, como embajadas o bases militares extranjeras en Irak.
En Chile, este esquema de reclutamiento se descubrió por primera vez en 2003, cuando un centenar de oficiales retirados fueron reclutados para hacer tareas de vigilancia en Irak y Afganistán. Según denuncias que la Justicia Militar investigó, fueron entrenados en el país con armamento liviano que habrían entregado militares en actividad. El reclutamiento de mercenarios volvió a aparecer en los titulares a fines de 2005, cuando 105 militares retirados chilenos fueron expulsados de Honduras, donde entrenaban junto a otros latinoamericanos antes de viajar a Medio Oriente. Los ex oficiales fueron repatriados a Santiago.
Según las cifras que se manejaban durante la invasión a Irak, unos 1000 ex soldados chilenos habrían trabajado como seguridad privada. Para el ex senador Alejandro Navarro, uno de los primeros en hacer pública la existencia de “mercenarios chilenos”, el número era mucho mayor. En un artículo de 2007 de Página12 señalaba que “Nuestros informes sostienen que alrededor de 2.200 han viajado a Irak y han vuelto a Chile desde la invasión”. Sus fuentes, eran “familiares de los ex militares contratados e incluso los mismos mercenarios, que de vuelta en Chile se quejan de malos tratos y de no haber recibido los sueldos prometidos”.
Tanto los informes de Navarro como los de la ONU se centraron en Red Táctica y en la figura de su presidente, José Miguel Pizarro, un ex teniente de artillería del ejército chileno, que en 1995 decidió dejar la institución y mudarse a Estados Unidos. Allí no cambió muchos sus hábitos. Ingresó en el cuerpo de infantería de la Marina y más tarde volvió a colgar el uniforme para convertirse en un consultor. En su currículum también se destacan sus apariciones esporádicas como analista en la cadena CNN, que lo presenta como un “experto de conflictos bélicos”. Su encargado de relaciones comerciales en Santiago, Herman Brady, es el hijo de un ex ministro de Defensa de la dictadura de Augusto Pinochet.
Pizarro fue declarado culpable de infringir la Ley de Vigilantes Privados en 2011 por la Corte Suprema de Chile. Pero seguramente la historia no ha terminado allí.
Fuentes:
