FUENTE: HISPANTV
Organizaciones sociales acusaron al presidente de Chile, Sebastián Piñera, ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, cometidos desde la revuelta social de 2019.
El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) pidieron el jueves mediante un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la abogada Fatou Bensuda, la apertura de una investigación sobre las masivas manifestaciones de 2019, que dejaron más de 30 muertos y miles de heridos.
La investigación se daría en el marco de una acusación contra el mandatario chileno por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde el inicio de la revuelta social, en octubre de 2019.
Uno de los principales argumentos de la demanda presentada ante la Corte de La Haya (Países Bajos) es el cierre de 3050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019.
Garzón y las demás organizaciones, tras analizar diversos casos en que operó la justicia penal internacional, insisten en que se cumplen los supuestos que permiten abrir una investigación contra Piñera. “Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, declaró el exletrado español en un video publicado la misma jornada.
Desde el 18 de octubre de 2019, Chile experimentó masivas manifestaciones antigubernamentales. Organizaciones internacionales pro derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), han expresado su alto nivel de preocupación por la represión protagonizada por la Policía chilena durante las protestas.
Conforme a varios medios locales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha interpuesto 1962 querellas contra los agentes del orden público por hechos ocurridos desde el inicio de las marchas; sin embargo, se han retrasado las investigaciones en torno a esta cuestión por la propagación del nuevo coronavirus.
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