Fuente: www.g5noticias.cl
Este jueves, las familias de Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas, víctimas del Caso Kayser; junto al diputado Andrés Giordano (FA) y el concejal de Renca César Améstica (FA), ingresaron la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales para declarar un sitio de memoria cultural y comunitario dentro de lo que será el Conjunto Habitacional Miraflores de viviendas sociales en Renca, donde estaba la fábrica Kayser en la que se encontraron muertos a los cinco renquinos tras un incendio durante el estallido social.
María Román, viuda de Manuel Muga, indicó que “para nosotros es muy importante este paso, que se enmarca en una serie de acciones de búsqueda de justicia y reconocimiento a nuestros familiares como víctimas de las violaciones de los derechos humanos en la revuelta social. Agradecemos el apoyo constante de las gestiones realizadas por el diputado Andrés Giordano, la senadora Fabiola Campillai, el concejal de Renca César Améstica, que nunca nos han dejado solas; y a las agrupaciones de Derechos Humanos, por la preservación de la memoria de Manuel, Yoshua, Julián, Andrés y Luis. Verdad y justicia para ellos”.
El diputado Andrés Giordano, impulsor y presidente de la Comisión Investigadora en la Cámara que concluyó que hubo irregularidades por parte de organismos del Estado, recordó que en esa instancia “se zanjó por unanimidad, con votos del Partido Comunista al Partido Republicano, pasando por todo el espectro político, que entre otras conclusiones, era necesario propender el levantamiento de un sitio de memoria donde ocurrieron los hechos, y es precisamente por eso que hoy día estamos aportando más antecedentes para esta determinación, que se ha tomado además en conjunto con la comunidad, con las familias de las víctimas de Kayser y también con quienes vivirán en lo que será un complejo habitacional que se construirá también en ese espacio”.
“Esto es fundamental porque el caso Kayser no sólo representa a las cinco familias de las víctimas que allí murieron, sino a miles que hoy día todavía tienen falta de verdad, de justicia y de reparación de sus derechos humanos vulnerados durante la revuelta social, hechos que no pueden volver a ocurrir. Llamamos a que la institucionalidad, que el Gobierno de Chile y que los organismos del Estado entiendan la relevancia que esto tiene para las familias de Renca pero también para la memoria del país”, agregó.
El concejal César Améstica, explicó que “es la segunda vez que nos encontramos acá. La primera solicitud fue para que todas las bodegas de Kayser fueran reconocidas como un sitio de memoria. En el andar hubo acuerdos entre las directivas, las dirigentes y las socias y socios de los comités de vivienda, de manera que en diferentes conversaciones lograron un acuerdo importante: Se construirá un proyecto de vivienda social pero además un lugar de memoria acordado por todas las partes”.
“Esto es un acuerdo ciudadano que nos parece sumamente importante porque no solamente representa a cinco familias de nuestra comuna, también representa a otro derecho fundamental que es el derecho a la vivienda. Con el derecho a la vivienda y el derecho justo a la memoria y la reparación hoy día Renca podría tener un espacio de cultura, un espacio donde las familias puedan compartir, donde nuestras vecinas y vecinos y todo el sector norponiente se pueda recrear”, añadió.
Respecto a la solicitud del sitio de memoria, que sería el primero por hechos ocurridos en democracia en Chile, la senadora Fabiola Campillai (IND) sostuvo que “sería un acto de profundo significado. Más allá de ser un lugar físico, representa la memoria colectiva de acontecimientos dolorosos y trascendentales en la historia reciente de Chile. En este lugar, cinco vecinos de Renca perdieron sus vidas. Fueron hallados calcinados y con graves lesiones, sin embargo, a pesar de estos horrendos hechos, sus familias no han tenido justicia. Por eso, la persistencia de las familias por lograr la verdad y la justicia a más de cuatro años del estallido social, es testimonio de su fuerza y compromiso con la verdad”.
“Es importante reconocer y valorar el apoyo de las autoridades y agrupaciones que respaldan esta iniciativa, pues demuestra un compromiso compartido con la memoria histórica y los derechos humanos. En tiempos de complejidad e incertidumbre, la unidad se convierte en un pilar fundamental para avanzar hacia la verdad, la justicia y la garantía de no repetición”, señaló también.
Al ingreso de los antecedentes para la solicitud también asistieron el CORE Leonardo Jofré (FA); Alejandra Ponce, madre de Julio ponce; Alejandra Arriaza y Matías Soto, abogada y abogado de familias; Haydee Oberreuter, ex subsecretaria de DDHH; Alicia Lira, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; asesores de la senadora Fabiola Campillai y de la diputada Clara Sagardia; y Alberto Rodríguez, activista por los Derechos Humanos y dirigente de la organización Renca de Pie.
