Columna de opinión por Dino Pancani
Fuente: www.radiouniversidaddechile.cl
El general Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue favorecido con el aplazamiento de su formalización, previo acuerdo político realizado de frente a la ciudadanía. Esto en el contexto de la acusación de omitir apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y muerte, en el marco de las violaciones a los derechos humanos durante el “estallido social”; el general Yáñez se negó a declarar en seis oportunidades, hoy se encuentra en su casa ejerciendo el cargo de confianza que le confiere el Presidente de la República.
También de frente a la ciudadanía, el Alcalde Daniel Jadue fue encarcelado, acusado de los delitos de administración desleal, fraude al fisco, cohecho y estafa. Jadue voluntariamente abrió sus cuentas bancarias y se presentó a todas las citaciones judiciales. Hoy se encuentra preso sin poder ejercer el cargo que le fue otorgado por la ciudadanía.
El fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, es el persecutor que, después de reiteradas presiones públicas, solicitó postergar la formalización de Yáñez y quien, después de logar la prisión preventiva para Jadue, dijo no tomar en cuenta a quien juzga, qué características, ideología o antecedentes tiene la persona que será formalizada.
Ante la inminente formalización del general Yáñez, la ministra del interior señaló: “Vamos a encontrar la manera (…) de que en los próximos días no pase nada que signifique debilitar, dividirnos o abrir entre nosotros algo que nos divida, cuando lo que necesitamos es trabajar juntos”. Acto seguido, la formalización de Yáñez fue aplazada por cinco meses.
Cuarenta días después, ante la denuncia de una posible persecución política al alcalde de Recoleta, la ministra dijo: “El Gobierno de Chile piensa que lo que corresponde cuando hay procesos judiciales, y especialmente cuando involucran a figuras políticas, es el pleno respeto de la autonomía de la justicia. Así hemos actuado y así nos vamos a mantener”.
A juzgar por las declaraciones de la jefa política del gobierno, el aplazamiento de la formalización del general Yáñez y la prisión preventiva del alcalde Jadue, pareciera ser que: No ha habido un correlato entre lo que se ha dicho y lo que se ha hecho y la fiscalía tan autónoma no sería.
La prisión preventiva para Daniel Jadue es la expresión de esa asimetría del sistema judicial y del actuar de quienes ejercen cargos de poder, que, por una parte, benefician a unos pocos y por otra, valiéndose de la legalidad que brinda la organización del Estado, castigan a quienes resultan molestos al establishment político/económico.
Daniel Jadue es un hombre valiente, persistente y de convicciones; ha vivido múltiples persecuciones y desde diferentes flancos: la comunidad judía, cooptada por el sionismo; el poder económico y la derecha han coincidido en montar judicial y comunicacionalmente una tormenta que traería consigo la caída de Daniel Jadue, de las transformaciones que ha impulsado y otras que representa el modelo de gestión local emprendido, con el consiguiente impacto positivo en la comunidad.
El dispositivo jurídico/comunicacional utilizado en este proceso es de manual y lo vimos en Paraguay, Brasil, Bolivia y Ecuador, entre otros países que han sufrido estos golpes encubiertos, ejecutados desde estrados engañosos y medios de comunicación ponzoñosos: estamos ante un arsenal que usurpa el poder que la ciudadanía otorga.
A pesar de que el libreto es conocido, no deja de ser llamativo que quienes otrora denunciaban las trampas del poder, una vez que ocupan las oficinas estatales del centro de la capital, adoptan un lenguaje crédulo y abandonan la criticidad hacia las instituciones y desde sus vistosos cargos pronuncian frases grandilocuentes inspiradas en “las instituciones funcionan”; no obstante, justos y pecadores sabemos que para las élites sólo funciona el celular de un tal Hermosilla.
