Ciudad de Panamá – Redacción Costa Rica
Vía @Pressenza
En las últimas semanas, Panamá ha sido escenario de intensas manifestaciones sociales lideradas por la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Este movimiento, compuesto por diversos sectores de la sociedad, ha intensificado sus protestas en rechazo a una serie de políticas gubernamentales, particularmente la iniciativa legislativa presentada el pasado 6 de noviembre, que se encuentra en proceso de deliberación en la Asamblea Nacional. Esta semana, las movilizaciones incluyen una marcha programada para el jueves, que partirá desde el Parque Belisario Porras y concluirá cerca de la Asamblea Nacional, donde se está llevando a cabo el segundo debate de la controversial ley.
El proyecto de ley del Gobierno ha sido ampliamente criticado por sectores sindicales y sociales, que consideran que sus disposiciones atentan contra los derechos de los trabajadores y la clase obrera. Las tensiones en torno a esta legislación han escalado en medio de un ambiente de represión, particularmente en los últimos días, cuando las fuerzas antimotines intervinieron violentamente durante una manifestación relacionada con el conflicto.
En el marco de las protestas, 83 miembros del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) han sido detenidos tras los enfrentamientos ocurridos el pasado miércoles. Los arrestos fueron llevados a cabo tras una intervención de la policía, que utilizó unidades antimotines para dispersar a los manifestantes. La acusación contra los detenidos incluye cargos por violencia y alteración del orden público, ya que se les imputa el uso de agresiones físicas contra servidores públicos, así como el atentado contra la seguridad colectiva, el patrimonio económico y la integridad personal de varios individuos.
El clima judicial se ha intensificado con la suspensión de la audiencia por parte de una jueza de garantías, quien ha convocado a una nueva sesión este martes, en la que se decidirán las medidas cautelares para los constructores detenidos el pasado 12 de febrero. El Ministerio Público ha solicitado la detención provisional, argumentando que los delitos imputados a los detenidos son de extrema gravedad.
A la represión física, se suman graves acusaciones de abusos contra los detenidos. El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, ha denunciado que bajo la supervisión del jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández, los detenidos han sido sometidos a torturas, una situación que incluye a numerosas mujeres entre los apresados. Estas denuncias han provocado un fuerte rechazo tanto en el ámbito local como internacional.
El informe del Suntracs ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) detalla las condiciones de los detenidos, señalando que los mismos han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos. Además, se ha indicado que los abogados de la defensa enfrentan obstáculos significativos para ejercer sus funciones, lo que ha generado más incertidumbre sobre el proceso judicial. Esta situación ha atraído la atención de organismos internacionales que monitorean las condiciones laborales y de derechos humanos en la región.
La intervención de la OIT no es el único acto de presión internacional que se ha producido en respuesta a estos eventos. Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), también se ha sumado a las críticas, respaldando el informe del Suntracs y destacando la grave situación que atraviesan los trabajadores panameños. La comunidad internacional sigue con atención los avances de este conflicto, mientras en Panamá, las movilizaciones sociales continúan como una de las principales formas de presión contra las políticas gubernamentales.
El contexto de esta crisis es complejo y refleja las tensiones de un país que atraviesa un momento crucial de su historia política y social. Las manifestaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida no solo son una respuesta a una ley en particular, sino a un modelo económico y político que muchos consideran injusto. Las próximas semanas serán determinantes para definir el rumbo de estas protestas y las decisiones judiciales que podrían tener un impacto duradero en el panorama político y social del país.
